"Dentro de los 8 objetivos del Milenio se considera, en el cuarto objetivo, la necesidad de reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. Y en el sexto, detener y reducir la propagación del Sida, paludismo y otras enfermedades graves".
¿Se cumple esto?. No. Hay una serie de denuncias que hace años circulan sobre los abusos que comenten las farmacéuticas en África. Experimentaciones, contagios deliberados de enfermedades... Poco de eso llega a las portadas. Muchas veces se cita entre los artículos relativos a los pocos avances que se logran para contener la pandemia del SIDA o cuando surge alguna epidemia, como la de malaria.
Por eso el caso de Nigeria contra Pfizer es crucial en este tema
La denuncia.
Pfizer es una empresa farmacéutica que maneja miles de millones de dólares,
famosa porque entre sus productos está el Viagra. En los primeros días de junio
del 2007, apareció en un titular del Washington Post que el gobierno de Nigeria
había decidido demandarla. ¿El motivo?. Los ensayos en la región de Kano de un
fármaco contra la meningitis llamado Trovan (trovafloxacino) en el año 1996
faltando a los protocolos establecidos en la Declaración de Helsinki, según un informe
elaborado por expertos nigerianos del Ministerio de Sanidad, llevado a cabo
tras una investigación del mismo periódico norteamericano por el periodista Joe
Stephens.
La Declaración de Helsinki que regula este tipo de prácticas establece en su artículo 5 que "En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad"; el artículo 8 claramente señala que "La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales" y más cuando se trata de poblaciones vulnerables, como la nigeriana; el artículo 20 indica que "Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser participantes voluntarios e informados"; y el artículo 24 apunta con claridad que "Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente de otorgar consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el consentimiento informado del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos no deben ser incluídos en la investigación a menos que ésta sea necesaria para promover la salud de la población representada y esta investigación no pueda realizarse en personas legalmente capaces".
Pfizer incumplió estos artículos de la Declaración, ya que l a experimentación de Trovan se hizo en cerca de 200 niños de manera ilegal, lo que condujo a la muerte a 11 y la malformación al resto. Sin contar con la obvia violación a las Convenciones de la ONU y africanas sobre los derechos de los niños, y las violaciones a las leyes nigerianas.
Como ha indicado el abogado nigeriano Paul T. Adujie "Pfizer es la compañía farmacéutica más grande del mundo. Pfizer sabe cuáles son los leyes y los estándares éticos. Pfizer está totalmente familiarizada con protocolos estándares para los ensayos clínicos. Pfizer no es una compañía farmacéutica cualquiera. Pfizer, completamente indiferente hacia el valor de la vida de nuestros niños en Kano, realizó experimentos ilegales, como en Tuskegee, con seres humanos, como si fueran ratas de laboratorio. El único interés de Pfizer está en el fondo. ¡Los beneficios y más beneficios!. Pfizer llevó a cabo sus experimentos antiéticos en nuestros niños, sin el requisito del consentimiento informado, y sin obtener primero las aprobaciones reguladoras y/o la autorización de las autoridades apropiadas de Nigeria y de las agencias. ¡Niños inocentes explotados por Pfizer para que ella se quedara con los beneficios!. ¡Trovan ganó en total más que mil millones dólares por año!".
Agravante de este acto es que cuando fue aprobado el Trovan tanto por la UE como por Estados Unidos, su uso quedó restringido sólo para adultos. Posteriormente, la UE decidió retirarlo por los daños hepáticos que producía.
¿Cuál ha sido la defensa de Pfizer?. ¿Negar los hechos, decir que fue un error?. No. Su defensa es que pidió consentimiento verbal a los padres para realizar el experimento. Y, según lo indicado por el portavoz de Pfizer en Nueva York, Bryant Haskins, las pruebas de Trovan fueron hechas de "manera responsable" y con el "pleno conocimiento del gobierno nigeriano".
El consentimiento para este tipo de experimentos no puede ser verbal, ya que los pacientes deben ser completamente conscientes de los riesgos y deben atestiguarlo firmando un documento donde estén especificados. Y en cuanto al gobierno de Nigeria, éste presentó documentos ante la Corte Suprema Federal donde consta que Pfizer no tuvo la aprobación de las agencias reguladoras del Estado para este tipo de acción. Por ende, no habría actuado éticamente al probar el Trovan. Según lo indicado por la agencia Reuters a finales del mes de junio, "Los demandantes argumentan que los acusados nunca obtuvieron la aprobación de las agencias reguladoras relevantes, ni tampoco buscaron o recibieron la aprobación para conducir las pruebas clínicas en alguna oportunidad anterior a de su conducta ilegal".
La situación se complejiza aún más si se considera que el Trovan fue probado en medio de una grave epidemia de meningitis. Y que hay denuncias que no van a ser consideradas, como las que provienen de la región de Abuja, por un simple error en el procedimiento para efectuarla, no porque no haya ocurrido.
Lo que perjudica el caso es que el gobierno central de Nigeria no actuó hasta después de que los padres de las víctimas, agotados de una serie de demandas infructuosas llevadas a cabo por Elaine Kusel de la firma de abogados Milberg Weiss, Bershad & Schulman, consiguieran, después de 11 años, que éstas fueran escuchadas, y que el gobierno de la región de Kano pidiese responsabilidades por las consecuencias del llamado caso del "Test de Trovan de Kano". Otro problema es que efectivamente hay una aprobación del Comité Ético de la región de Kano, y que se experimentó cuando había una enfermedad circulando en el ambiente, por lo que los efectos secundarios pueden atribuirse a la meningitis (la sordera y la ceguera que padecen muchos de los afectados) y no al medicamento (hepatitis).
El trasfondo.
Sin embargo, ya sea en uno u otro caso, el hecho concreto es que este tipo de acciones no son aisladas, y no ayudan en nada a la gente. Lo ocurrido en Kano, ya fuera con consentimiento del Estado o sin él, produjo muertes y deformaciones en niños, y la noticia se esparció entre todos los habitantes nigerianos y de los países vecinos, lo que les llevó a rechazar el programa de vacunación contra la polio encabezado por la OMS. Cada vez, las personas tienen más miedo a la medicina occidental y prefieren no vacunarse antes que ser deliberadamente contagiados con alguna enfermedad, lo que ha sido considerado en algunos organismos, como la USAID, un reflejo de la ignorancia de esa población sin cuestionar su rol en ese tipo de reacciones. Si pensamos en el caso de Libia o en el de República Democrática del Congo, no podemos juzgarlos con tanta ligereza. En ambos países, médicos y enfermeras de misiones religiosas han estado involucrados en casos de mala praxis médica que han tenido como resultado la muerte de personas. O la trágica historia del Experimento Tuskegee, citada por el abogado Adujie, y que es emblemática en este tipo de prácticas, en el que africamericanos del Estado de Alabama, Estados Unidos, fueron objeto de una investigación entre 1932 y 1972 en el hospital de ese nombre, el único para negros, que consistió en evaluar la evolución de la sífilis en pacientes negros varones a los que no se les aplicó (más bien se les negó) el tratamiento para mitigar la enfermedad, dejándoles deliberadamente morir. Como en el caso Kano, esta investigación se realizó en medio de una epidemia, en este caso de sífilis, que sufrían las comunidades rurales del sur de ese país, y aprovechando que el hospital Tuskeguee sufría un grave déficit financiero.
Los casos de mala praxis son muchos más
La desconfianza hacia la medicina proveniente de empresas europeas y norteamericanas ha llegado incluso a enfrentamientos directos entre los Estados y las empresas. Un caso es el de Brasil, donde el presidente Lula da Silva dio el visto bueno a la producción de genéricos para combatir el VIH alegando, con sencillez, que los precios cobrados por las empresas europeas en este tipo de medicinas son exorbitantes. Pero el caso más problemático para las farmacéuticas es el de Sudáfrica, donde su presidente Thabo Mbeki ha puesto en duda las investigaciones científicas sobre VIH, tachándola de racista, denunciando la censura que sufren quienes cuestionan las tesis oficiales y ha suspendido la administración del AZT por tóxico, sobre todo para las embarazadas. Organizando congresos médicos alternativos, y buscando nuevas fórmulas, más tradicionales, para combatir la enfermedad, Mbeki se niega a seguir permitiendo que las empresas obtengan sus cuantiosos beneficios a costa de la salud de la gente de su país, apoyado por Brasil, gran parte de los países africanos y también por la India.
Este tipo de medidas, que a primera vista puede parecer muy adecuadas, tiene un reverso tenebroso: cada vez menos personas saben qué es realmente el VIH y adoptan actitudes que contribuyen mucho a su expansión, como las violaciones de menores de edad.
Por eso el silencio en la prensa occidental sobre el caso Pfizer es grave. No sólo porque considerar que estas cosas no pueden ocurrir a los niños de Francia o de España es tener estrechez de mira sobre cómo actúan estas empresas, sino porque no se pone atención en qué tipo de tratamientos estamos recibiendo ni cómo han sido testeados. Se ha enfatizado mucho la defensa de experimentaciones médicas en animales, sobre todo en el área de la cosmética, pero ignoramos totalmente cómo resuelven el problema las empresas. Porque la Declaración de Helsinki es bastante clara: hay que experimentar con seres humanos. No se puede obtener mejores medicamentos, y por ende mejores soluciones a enfermedades, sin que haya pruebas en personas. Y el caso Pfizer lo que está dejando entrever es que esos "conejillos de Indias" son africanos pobres, de los cuales se sirven en momentos de crisis o en los campamentos de refugiados. Y a los que después se les niega el tratamiento para esa misma enfermedad, porque no son un mercado lucrativo. O, como se denuncia constantemente en diversas páginas de ONGs, se administran mal.
Los antecedentes del proceso.
La Declaración de Helsinki que regula este tipo de prácticas establece en su artículo 5 que "En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad"; el artículo 8 claramente señala que "La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales" y más cuando se trata de poblaciones vulnerables, como la nigeriana; el artículo 20 indica que "Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser participantes voluntarios e informados"; y el artículo 24 apunta con claridad que "Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente de otorgar consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el consentimiento informado del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos no deben ser incluídos en la investigación a menos que ésta sea necesaria para promover la salud de la población representada y esta investigación no pueda realizarse en personas legalmente capaces".
Pfizer incumplió estos artículos de la Declaración, ya que l a experimentación de Trovan se hizo en cerca de 200 niños de manera ilegal, lo que condujo a la muerte a 11 y la malformación al resto. Sin contar con la obvia violación a las Convenciones de la ONU y africanas sobre los derechos de los niños, y las violaciones a las leyes nigerianas.
Como ha indicado el abogado nigeriano Paul T. Adujie "Pfizer es la compañía farmacéutica más grande del mundo. Pfizer sabe cuáles son los leyes y los estándares éticos. Pfizer está totalmente familiarizada con protocolos estándares para los ensayos clínicos. Pfizer no es una compañía farmacéutica cualquiera. Pfizer, completamente indiferente hacia el valor de la vida de nuestros niños en Kano, realizó experimentos ilegales, como en Tuskegee, con seres humanos, como si fueran ratas de laboratorio. El único interés de Pfizer está en el fondo. ¡Los beneficios y más beneficios!. Pfizer llevó a cabo sus experimentos antiéticos en nuestros niños, sin el requisito del consentimiento informado, y sin obtener primero las aprobaciones reguladoras y/o la autorización de las autoridades apropiadas de Nigeria y de las agencias. ¡Niños inocentes explotados por Pfizer para que ella se quedara con los beneficios!. ¡Trovan ganó en total más que mil millones dólares por año!".
Agravante de este acto es que cuando fue aprobado el Trovan tanto por la UE como por Estados Unidos, su uso quedó restringido sólo para adultos. Posteriormente, la UE decidió retirarlo por los daños hepáticos que producía.
¿Cuál ha sido la defensa de Pfizer?. ¿Negar los hechos, decir que fue un error?. No. Su defensa es que pidió consentimiento verbal a los padres para realizar el experimento. Y, según lo indicado por el portavoz de Pfizer en Nueva York, Bryant Haskins, las pruebas de Trovan fueron hechas de "manera responsable" y con el "pleno conocimiento del gobierno nigeriano".
El consentimiento para este tipo de experimentos no puede ser verbal, ya que los pacientes deben ser completamente conscientes de los riesgos y deben atestiguarlo firmando un documento donde estén especificados. Y en cuanto al gobierno de Nigeria, éste presentó documentos ante la Corte Suprema Federal donde consta que Pfizer no tuvo la aprobación de las agencias reguladoras del Estado para este tipo de acción. Por ende, no habría actuado éticamente al probar el Trovan. Según lo indicado por la agencia Reuters a finales del mes de junio, "Los demandantes argumentan que los acusados nunca obtuvieron la aprobación de las agencias reguladoras relevantes, ni tampoco buscaron o recibieron la aprobación para conducir las pruebas clínicas en alguna oportunidad anterior a de su conducta ilegal".
La situación se complejiza aún más si se considera que el Trovan fue probado en medio de una grave epidemia de meningitis. Y que hay denuncias que no van a ser consideradas, como las que provienen de la región de Abuja, por un simple error en el procedimiento para efectuarla, no porque no haya ocurrido.
Lo que perjudica el caso es que el gobierno central de Nigeria no actuó hasta después de que los padres de las víctimas, agotados de una serie de demandas infructuosas llevadas a cabo por Elaine Kusel de la firma de abogados Milberg Weiss, Bershad & Schulman, consiguieran, después de 11 años, que éstas fueran escuchadas, y que el gobierno de la región de Kano pidiese responsabilidades por las consecuencias del llamado caso del "Test de Trovan de Kano". Otro problema es que efectivamente hay una aprobación del Comité Ético de la región de Kano, y que se experimentó cuando había una enfermedad circulando en el ambiente, por lo que los efectos secundarios pueden atribuirse a la meningitis (la sordera y la ceguera que padecen muchos de los afectados) y no al medicamento (hepatitis).
El trasfondo.
Sin embargo, ya sea en uno u otro caso, el hecho concreto es que este tipo de acciones no son aisladas, y no ayudan en nada a la gente. Lo ocurrido en Kano, ya fuera con consentimiento del Estado o sin él, produjo muertes y deformaciones en niños, y la noticia se esparció entre todos los habitantes nigerianos y de los países vecinos, lo que les llevó a rechazar el programa de vacunación contra la polio encabezado por la OMS. Cada vez, las personas tienen más miedo a la medicina occidental y prefieren no vacunarse antes que ser deliberadamente contagiados con alguna enfermedad, lo que ha sido considerado en algunos organismos, como la USAID, un reflejo de la ignorancia de esa población sin cuestionar su rol en ese tipo de reacciones. Si pensamos en el caso de Libia o en el de República Democrática del Congo, no podemos juzgarlos con tanta ligereza. En ambos países, médicos y enfermeras de misiones religiosas han estado involucrados en casos de mala praxis médica que han tenido como resultado la muerte de personas. O la trágica historia del Experimento Tuskegee, citada por el abogado Adujie, y que es emblemática en este tipo de prácticas, en el que africamericanos del Estado de Alabama, Estados Unidos, fueron objeto de una investigación entre 1932 y 1972 en el hospital de ese nombre, el único para negros, que consistió en evaluar la evolución de la sífilis en pacientes negros varones a los que no se les aplicó (más bien se les negó) el tratamiento para mitigar la enfermedad, dejándoles deliberadamente morir. Como en el caso Kano, esta investigación se realizó en medio de una epidemia, en este caso de sífilis, que sufrían las comunidades rurales del sur de ese país, y aprovechando que el hospital Tuskeguee sufría un grave déficit financiero.
Los casos de mala praxis son muchos más
La desconfianza hacia la medicina proveniente de empresas europeas y norteamericanas ha llegado incluso a enfrentamientos directos entre los Estados y las empresas. Un caso es el de Brasil, donde el presidente Lula da Silva dio el visto bueno a la producción de genéricos para combatir el VIH alegando, con sencillez, que los precios cobrados por las empresas europeas en este tipo de medicinas son exorbitantes. Pero el caso más problemático para las farmacéuticas es el de Sudáfrica, donde su presidente Thabo Mbeki ha puesto en duda las investigaciones científicas sobre VIH, tachándola de racista, denunciando la censura que sufren quienes cuestionan las tesis oficiales y ha suspendido la administración del AZT por tóxico, sobre todo para las embarazadas. Organizando congresos médicos alternativos, y buscando nuevas fórmulas, más tradicionales, para combatir la enfermedad, Mbeki se niega a seguir permitiendo que las empresas obtengan sus cuantiosos beneficios a costa de la salud de la gente de su país, apoyado por Brasil, gran parte de los países africanos y también por la India.
Este tipo de medidas, que a primera vista puede parecer muy adecuadas, tiene un reverso tenebroso: cada vez menos personas saben qué es realmente el VIH y adoptan actitudes que contribuyen mucho a su expansión, como las violaciones de menores de edad.
Por eso el silencio en la prensa occidental sobre el caso Pfizer es grave. No sólo porque considerar que estas cosas no pueden ocurrir a los niños de Francia o de España es tener estrechez de mira sobre cómo actúan estas empresas, sino porque no se pone atención en qué tipo de tratamientos estamos recibiendo ni cómo han sido testeados. Se ha enfatizado mucho la defensa de experimentaciones médicas en animales, sobre todo en el área de la cosmética, pero ignoramos totalmente cómo resuelven el problema las empresas. Porque la Declaración de Helsinki es bastante clara: hay que experimentar con seres humanos. No se puede obtener mejores medicamentos, y por ende mejores soluciones a enfermedades, sin que haya pruebas en personas. Y el caso Pfizer lo que está dejando entrever es que esos "conejillos de Indias" son africanos pobres, de los cuales se sirven en momentos de crisis o en los campamentos de refugiados. Y a los que después se les niega el tratamiento para esa misma enfermedad, porque no son un mercado lucrativo. O, como se denuncia constantemente en diversas páginas de ONGs, se administran mal.
Los antecedentes del proceso.
Si bien puede ser que Pfizer se libre de los cargos, es un hecho que se está lucrando con la salud de millones de personas, no sólo en África. Según datos que se publicaron en el periódico El País hace unos meses, Pfizer registró unas ventas de 48.370 millones de dólares en 2006, sin contar los 7.900 millones de dólares por la venta de su división de productos de consumo a Johnson & Johnson, operación valorada en 16.600 millones.
Aún así encuentra tiempo para quejarse, ya que al expirar algunas patentes éstas pueden ser usadas por empresas de genéricos, lo que reducía sus beneficios, y la obligaba a realizar un plan de ajuste que, como todo plan de ajuste, comienza con despidos y con alza en los precios de los medicamentos, con el fin de reducir costes, y potenciar su base de ingresos. No es la única: Merck también redujo su plantilla, así como Bayer (otra empresa cuestionada por su práctica de enviar medicamentos caducados a los campamentos) y otras más.
Ese era el problema que centraba la atención de Pfizer hasta la demanda nigeriana.
Primero fue el gobierno federal de la región de Kano, pero después Abuja,
donde se encuentra la capital de Nigeria, llevó a cabo otra demanda. Pfizer
luchó con todas sus fuerzas para impedir que a la demanda de Kano, que se
revisará el 30 de julio, se sumara la de Abuja, en la que el gobierno de esa
región pedía US$700 billones como compensación al gobierno por los costosos
tratamientos de cura y apoyo a las familias, y para indemnizarlas. La demanda
de Abuja fue desestimada por un tecnicismo legal: los papeles no habían llegado
a los demandados como indica la ley y, como expresó el juez Babs Kuewumi de la
Corte Suprema Federal en Abuja, capital de Nigera, la presentación hecha parte de
los representantes del gobierno nigeriano fue "vaga y ambigua".
Pero la de Kano sigue su curso. Y en este caso, Pfizer sí tendrá que demostrar
que actuó éticamente, ya que no ha negado los hechos. Y no una, dos veces, ya
que el gobierno de Kano presentó dos demandas: una con cargos criminales y otra
civil en dos tribunales separados. Por la civil se piden indemnizaciones de
2.075 millones de dólares para las familias y los daños colaterales producidos
por la mala praxis de Pfizer.
Además tiene que enfrentar la demanda del gobierno central nigeriano, que pide una compensación de 500 millones de dólares, la cantidad que el gobierno dice que gastó en tratamiento, compensaciones y apoyo a víctimas de Trovan y sus familias, y 450 millones de dólares en información al público para erradicar las dudas que surgieron por las pruebas. El gobierno señala que se gastó 1.000 millones de dólares en un programa de salud que fracasó debido a las dudas provocadas por las pruebas de Trovan, mientras que está reclamando 5.000 millones de dólares por daños generales.
Pasaron años y, finalmente, el caso se terminó resolviendo fuera de la justicia. En 2009, el Estado nigeriano llegó a un acuerdo extrajudicial con Pfizer que aceptó indemnizar a las víctimas y a sus familiares. Si bien en un principio se había publicado que la indemnización sería de 55 millones de dólares, la empresa negó que la suma fuera tan grande
Sobornos y engaños
El otro gran juicio en contra de Pfizer fue en el año 2009 y terminó con una sentencia desfavorable para el laboratorio que debió pagar una multa de 2300 millones de dólares . La empresa fue encontrada culpable de “malas prácticas comerciales y promoción fraudulenta” de varios de sus remedios.
Los remedios en cuestión eran Bextra - que fue retirado del mercado en 2005 por razones de seguridad –, Geodon, Lyrica y Zyvox.
Las medicinas se comercializaban para otros usos para los cuales habían sido autorizados, en dosis diferentes y, además, no se señalaban algunas de sus contraindicaciones. En el caso de Bextra, por ejemplo, no se incluía el “cuadro negro” recomendado por la FDA – la Adminsitración de Alimentos y Fármacos de EEUU- para advertir que la medicina era contraindica para los enfermos cardíacos.
El caso saltó a la luz cuando un John Kopchinsky, un representante de ventas de Pfizer, denunció las prácticas fraudulentas que llevaba a cabo el laboratorio para vender sus remedios. Kopchinsky, que “un día decidió simplemente que no podía seguir viviendo con sus remordimientos de conciencia”, declaró que él y otros 3000 representantes de venta, recibían instrucciones ilegales para promocionar Bextra.
Según relató Kopchinsky en una entrevista a la BBC, “la medicina (Bextra), un antiinflamatorio, había sido aprobada para venderse en tabletas de 10 miligramos como tratamiento de artritis reumatoidea y osteoartritis. Sin embargo, se nos instruyó promoverla para tratar dolor severo y también promover entre los médicos la venta de dosis más altas (…) Y en esta dosis en particular se está sometiendo al paciente a toda una gama de efectos secundarios y a otros factores que no han sido estudiados científicamente. Es decir, literalmente no teníamos idea de lo que podría pasarle al paciente”
Además tiene que enfrentar la demanda del gobierno central nigeriano, que pide una compensación de 500 millones de dólares, la cantidad que el gobierno dice que gastó en tratamiento, compensaciones y apoyo a víctimas de Trovan y sus familias, y 450 millones de dólares en información al público para erradicar las dudas que surgieron por las pruebas. El gobierno señala que se gastó 1.000 millones de dólares en un programa de salud que fracasó debido a las dudas provocadas por las pruebas de Trovan, mientras que está reclamando 5.000 millones de dólares por daños generales.
Pasaron años y, finalmente, el caso se terminó resolviendo fuera de la justicia. En 2009, el Estado nigeriano llegó a un acuerdo extrajudicial con Pfizer que aceptó indemnizar a las víctimas y a sus familiares. Si bien en un principio se había publicado que la indemnización sería de 55 millones de dólares, la empresa negó que la suma fuera tan grande
Sobornos y engaños
El otro gran juicio en contra de Pfizer fue en el año 2009 y terminó con una sentencia desfavorable para el laboratorio que debió pagar una multa de 2300 millones de dólares . La empresa fue encontrada culpable de “malas prácticas comerciales y promoción fraudulenta” de varios de sus remedios.
Los remedios en cuestión eran Bextra - que fue retirado del mercado en 2005 por razones de seguridad –, Geodon, Lyrica y Zyvox.
Las medicinas se comercializaban para otros usos para los cuales habían sido autorizados, en dosis diferentes y, además, no se señalaban algunas de sus contraindicaciones. En el caso de Bextra, por ejemplo, no se incluía el “cuadro negro” recomendado por la FDA – la Adminsitración de Alimentos y Fármacos de EEUU- para advertir que la medicina era contraindica para los enfermos cardíacos.
El caso saltó a la luz cuando un John Kopchinsky, un representante de ventas de Pfizer, denunció las prácticas fraudulentas que llevaba a cabo el laboratorio para vender sus remedios. Kopchinsky, que “un día decidió simplemente que no podía seguir viviendo con sus remordimientos de conciencia”, declaró que él y otros 3000 representantes de venta, recibían instrucciones ilegales para promocionar Bextra.
Según relató Kopchinsky en una entrevista a la BBC, “la medicina (Bextra), un antiinflamatorio, había sido aprobada para venderse en tabletas de 10 miligramos como tratamiento de artritis reumatoidea y osteoartritis. Sin embargo, se nos instruyó promoverla para tratar dolor severo y también promover entre los médicos la venta de dosis más altas (…) Y en esta dosis en particular se está sometiendo al paciente a toda una gama de efectos secundarios y a otros factores que no han sido estudiados científicamente. Es decir, literalmente no teníamos idea de lo que podría pasarle al paciente”
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