25 millones de GBs de datos
alojados por Megaupload esperan que alguien decida sobre su destino. De
momento, un juez ha ordenado que se conserven y ha instado a todos los
implicados a que lleguen a un acuerdo.
Desde que hace tres meses el FBI detuvo a los creadores y responsables de Megaupload y congeló todas las actividades del portal, sigue sin aclararse el destino de los datos que alojaba la web.
Hablamos de 25 millones de GBs, más o menos equivalente a la mitad de la Librería del Congreso de Washington. Decenas de millones de archivos almacenados en 1.100 servidores que la compañía Carpathia Hosting mantiene funcionando en Harrisonburg, Virginia.
El pasado viernes se celebró una audiencia en un juzgado de Alexandria, Virginia, para decidir qué hacer con esos datos. Se presentaron cinco partes interesadas: el gobierno federal, la Motion Picture Association of America, la Electronic Frontier Foundation (EFF) y los abogados de Megaupload.
La quinta parte era el principal interesado en saber qué hacer con los archivos, la empresa que los aloja, a la que le cuesta el mantenimiento de los servidores 9.000 dólares diarios, ya que Megaupload lógicamente ha dejado de pagar por el servicio.
Lo peor para Carpathia es que podría ser acusada de cómplice, ya que según el fiscal representante del gobierno, no es ni neutral en este proceso ni la víctima que aparenta ser, ya que ha ganado 35 millones de dólares gracias a Megaupload, por lo que no se descarta incluso que acabe también en elbanquillo de los acusados.
El caso es que cada una de las partes ofreció su interpretación sobre qué hay que hacer con los archivos. Para el gobierno y la MPAA deben ser destruidos, ya que la mayoría es material pirateado. En cambio, para la EFF y Megaupload deben ser conservados, ya que muchos son documentos personales de usuarios sin nada que ver con los derechos de autor, y los perderían irremediablemente si se destruyeran; además, en ese caso servirían para demostrar que Megaupload no se lucraba sólo con la piratería.
Por lo pronto, el juez Liam O'Grady decidió que los archivos se conserven tal y como están en la actualidad, y conminó a todas las partes a reunirse bajo la supervisión de un magistrado federal para alcanzar un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo negociado, entonces decidirá qué hacer.
Desde que hace tres meses el FBI detuvo a los creadores y responsables de Megaupload y congeló todas las actividades del portal, sigue sin aclararse el destino de los datos que alojaba la web.
Hablamos de 25 millones de GBs, más o menos equivalente a la mitad de la Librería del Congreso de Washington. Decenas de millones de archivos almacenados en 1.100 servidores que la compañía Carpathia Hosting mantiene funcionando en Harrisonburg, Virginia.
El pasado viernes se celebró una audiencia en un juzgado de Alexandria, Virginia, para decidir qué hacer con esos datos. Se presentaron cinco partes interesadas: el gobierno federal, la Motion Picture Association of America, la Electronic Frontier Foundation (EFF) y los abogados de Megaupload.
La quinta parte era el principal interesado en saber qué hacer con los archivos, la empresa que los aloja, a la que le cuesta el mantenimiento de los servidores 9.000 dólares diarios, ya que Megaupload lógicamente ha dejado de pagar por el servicio.
Lo peor para Carpathia es que podría ser acusada de cómplice, ya que según el fiscal representante del gobierno, no es ni neutral en este proceso ni la víctima que aparenta ser, ya que ha ganado 35 millones de dólares gracias a Megaupload, por lo que no se descarta incluso que acabe también en elbanquillo de los acusados.
El caso es que cada una de las partes ofreció su interpretación sobre qué hay que hacer con los archivos. Para el gobierno y la MPAA deben ser destruidos, ya que la mayoría es material pirateado. En cambio, para la EFF y Megaupload deben ser conservados, ya que muchos son documentos personales de usuarios sin nada que ver con los derechos de autor, y los perderían irremediablemente si se destruyeran; además, en ese caso servirían para demostrar que Megaupload no se lucraba sólo con la piratería.
Por lo pronto, el juez Liam O'Grady decidió que los archivos se conserven tal y como están en la actualidad, y conminó a todas las partes a reunirse bajo la supervisión de un magistrado federal para alcanzar un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo negociado, entonces decidirá qué hacer.
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