El comandante en jefe del Ejército, Juan
Miguel Fuente-Alba sobre las intervenciones militares en nuestro país, señaló
textualmente que “dados los complejos y actuales escenarios que se generan en
el ámbito de la seguridad, al momento de preservar valores, intereses y bienes
que la propia sociedad busca cautelar”, el Ejército debe analizar eventuales
nuevos roles.
Ante el funcionamiento de una base militar estadounidense en Con Con, cuya construcción tiene un valor de más de 500 millones de dólares pagados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, destinada al entrenamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros y Policía de Investigaciones; a lo que se suman las advertencias realizadas por el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba sobre las intervenciones militares en nuestro país, quien señaló textualmente que “dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar”, el Ejército debe analizar eventuales nuevos roles, los que según la embajada estadounidense en Chile, tienen que ver con el destino y entrenamiento del “personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas”; y, frente al incremento de la represión hacia el movimiento social, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-Chile) se hace un deber declarar que:
1º La soberanía reside en el pueblo y la seguridad no puede reducirse sólo al resguardo de los intereses de las transnacionales, de sus socios nacionales y el sistema económico imperante.
2º El pueblo tiene el legítimo derecho a organizarse y a manifestar públicamente sus planteamientos, sus demandas en pro de una sociedad con más derechos humanos en tanto ciudadanos.
3º Las Fuerzas Armadas tienen como misión el resguardo de la soberanía nacional. Por tanto, constituye una traición a la patria su subordinación a los dictámenes del ejército estadunidense, cuyas acciones devastadoras han sido padecidas por la humanidad a lo largo de la historia de los siglos XIX, XX y durante los inicios del siglo XXI y, particularmente por Chile, luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que nos trajo asesinatos, desapariciones de personas, encarcelamiento indebidos y torturas masivas y sistemáticas durante 17 años de dictadura militar.
4º Las Fuerzas Armadas deben permanecer bajo la tuición del poder político y no tienen derecho a la autonomía y a la impunidad en todos los ámbitos, como ha sucedido hasta ahora.
5º Carabineros de Chile es una institución policial, cuya función es la prevención del delito. En consecuencia, es improcedente e ilegal que sus funcionarios reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la población civil, como si estuvieran en una guerra contra la población a la que tienen la obligación de defender y a la que ellos pertenecen por su origen social. El mismo argumento es extensivo a la Policía de Investigaciones.
6º El Estado de Chile debe respetar los tratados internacionales de derechos humanos, e incorporarlos en la legislación nacional, tal como le ha sido recomendado por la ONU en reiteradas oportunidades; en especial nos referimos a integrar a la legislación nacional la tipificación del crimen de tortura, su investigación y sanción en tanto crimen de lesa humanidad.
7º El gobierno de Chile debe recordar que tiene por misión la administración de las instituciones del Estado en pro del bien común y no sólo de quienes concentran los bienes que son fruto del trabajo de quienes los producen.
8º Es válido señalar que la seguridad y la paz de la sociedad no proceden de la represión ni de dictaduras militares, sino del reconocimiento y respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad, la democracia y la justicia que, de acuerdo al postulado de san Ambrosio, doctor de la iglesia (siglo IV), es “la virtud que da a cada uno lo suyo, que no reinvindica lo ajeno y que descuida la propia utilidad para salvar la equidad común”.
Ante el funcionamiento de una base militar estadounidense en Con Con, cuya construcción tiene un valor de más de 500 millones de dólares pagados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, destinada al entrenamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros y Policía de Investigaciones; a lo que se suman las advertencias realizadas por el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba sobre las intervenciones militares en nuestro país, quien señaló textualmente que “dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar”, el Ejército debe analizar eventuales nuevos roles, los que según la embajada estadounidense en Chile, tienen que ver con el destino y entrenamiento del “personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas”; y, frente al incremento de la represión hacia el movimiento social, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-Chile) se hace un deber declarar que:
1º La soberanía reside en el pueblo y la seguridad no puede reducirse sólo al resguardo de los intereses de las transnacionales, de sus socios nacionales y el sistema económico imperante.
2º El pueblo tiene el legítimo derecho a organizarse y a manifestar públicamente sus planteamientos, sus demandas en pro de una sociedad con más derechos humanos en tanto ciudadanos.
3º Las Fuerzas Armadas tienen como misión el resguardo de la soberanía nacional. Por tanto, constituye una traición a la patria su subordinación a los dictámenes del ejército estadunidense, cuyas acciones devastadoras han sido padecidas por la humanidad a lo largo de la historia de los siglos XIX, XX y durante los inicios del siglo XXI y, particularmente por Chile, luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que nos trajo asesinatos, desapariciones de personas, encarcelamiento indebidos y torturas masivas y sistemáticas durante 17 años de dictadura militar.
4º Las Fuerzas Armadas deben permanecer bajo la tuición del poder político y no tienen derecho a la autonomía y a la impunidad en todos los ámbitos, como ha sucedido hasta ahora.
5º Carabineros de Chile es una institución policial, cuya función es la prevención del delito. En consecuencia, es improcedente e ilegal que sus funcionarios reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la población civil, como si estuvieran en una guerra contra la población a la que tienen la obligación de defender y a la que ellos pertenecen por su origen social. El mismo argumento es extensivo a la Policía de Investigaciones.
6º El Estado de Chile debe respetar los tratados internacionales de derechos humanos, e incorporarlos en la legislación nacional, tal como le ha sido recomendado por la ONU en reiteradas oportunidades; en especial nos referimos a integrar a la legislación nacional la tipificación del crimen de tortura, su investigación y sanción en tanto crimen de lesa humanidad.
7º El gobierno de Chile debe recordar que tiene por misión la administración de las instituciones del Estado en pro del bien común y no sólo de quienes concentran los bienes que son fruto del trabajo de quienes los producen.
8º Es válido señalar que la seguridad y la paz de la sociedad no proceden de la represión ni de dictaduras militares, sino del reconocimiento y respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad, la democracia y la justicia que, de acuerdo al postulado de san Ambrosio, doctor de la iglesia (siglo IV), es “la virtud que da a cada uno lo suyo, que no reinvindica lo ajeno y que descuida la propia utilidad para salvar la equidad común”.
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