"Existe una cierta cantidad de empresas norteamericanas que tienen negocios en Europa que pueden comprar de otras empresas, incluso de los países en desarrollo, certificados para compensar su emisión de carbono", comenta Claudio Loser, presidente del Centennial Group Latin America, una empresa internacional de consultores.
Varios gigantes industriales estadounidenses con franquicias o filiales en Europa desde hace tiempo se encuentran en medio de un escándalo climático. La causa es muy simple: sus críticos les culpan de que ven más barato pagar el exceso de emisiones de CO2, comprando los denominados Certificados de Reducción de emisiones de carbono (CRE), que reducirlas realmente, según estipula el Protocolo de Kioto.
En teoría, aprobado por la ONU, cada CRE equivale a una tonelada de dióxido de carbono que no llegó a la atmósfera y se entrega tras certificar que la reducción realmente se ha llevado a cabo. Sin embargo, en la práctica esta opción creó un terreno para todo tipo de manipulaciones. Según los datos de 2010 de la ONG ambientalista CDM Watch, en el 'mercado' circulan CRE que no representan "verdaderas reducciones de gases invernadero (...) y sus compradores usaron esas falsas reducciones como permisos para contaminar más en Europa".
Los medioambientalistas atribuyen el título de mayor compradora de CRE a Dow Chemical, empresa proveedora de gas naranja y napalm al Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam y cuya sucursal, Union Carbide Corporation, se considera responsable del desastre de Bhopal (la India), una de las mayores catástrofes industriales en la historia de la humanidad. La compañía posee fábricas de productos plásticos y químicos en Alemania, Bélgica, España, Holanda y Polonia. Juntas ocupan el lugar 21 entre los 100 principales compradores europeos. Entre las empresas presuntamente implicadas en la compra de los certificados 'falsificados' están también ConocoPhillips, Chevron y Cabot Corporation. Las 10 compañías transatlánticas más 'cotizadas' en Wall Street ingresaron más de 250 millones de dólares en estos créditos, sin contar los datos de 2011, que todavía están sin publicar.
"Trabajamos con un prestigioso agente financiero para comprar esos CRE y exigimos que todos fueran certificados y validados", acentúa, por su parte, Cabot en un comunicado oficial. "Vamos a seguir cumpliendo las normas", insiste Dow.
"Las empresas buscan la forma más barata de cumplir las normas. Los actores del mercado son libres de tener sus consideraciones éticas sobre cómo actuar ante el cambio climático, pero el sistema se rige por la economía", detalla Richard Chatterton, analista de Bloomberg New Energy Finance.
El año pasado los reguladores europeos decidieron prohibir los CRE, pero la medida no entrará en vigor hasta 2013. Según Loser, la mejor manera de manejar el tema son impuestos al carbono emitido. Al mismo tiempo, insiste en que las empresas compradoras de los certificados de un origen dudoso deben ser castigadas debidamente.
Varios gigantes industriales estadounidenses con franquicias o filiales en Europa desde hace tiempo se encuentran en medio de un escándalo climático. La causa es muy simple: sus críticos les culpan de que ven más barato pagar el exceso de emisiones de CO2, comprando los denominados Certificados de Reducción de emisiones de carbono (CRE), que reducirlas realmente, según estipula el Protocolo de Kioto.
En teoría, aprobado por la ONU, cada CRE equivale a una tonelada de dióxido de carbono que no llegó a la atmósfera y se entrega tras certificar que la reducción realmente se ha llevado a cabo. Sin embargo, en la práctica esta opción creó un terreno para todo tipo de manipulaciones. Según los datos de 2010 de la ONG ambientalista CDM Watch, en el 'mercado' circulan CRE que no representan "verdaderas reducciones de gases invernadero (...) y sus compradores usaron esas falsas reducciones como permisos para contaminar más en Europa".
Los medioambientalistas atribuyen el título de mayor compradora de CRE a Dow Chemical, empresa proveedora de gas naranja y napalm al Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam y cuya sucursal, Union Carbide Corporation, se considera responsable del desastre de Bhopal (la India), una de las mayores catástrofes industriales en la historia de la humanidad. La compañía posee fábricas de productos plásticos y químicos en Alemania, Bélgica, España, Holanda y Polonia. Juntas ocupan el lugar 21 entre los 100 principales compradores europeos. Entre las empresas presuntamente implicadas en la compra de los certificados 'falsificados' están también ConocoPhillips, Chevron y Cabot Corporation. Las 10 compañías transatlánticas más 'cotizadas' en Wall Street ingresaron más de 250 millones de dólares en estos créditos, sin contar los datos de 2011, que todavía están sin publicar.
"Trabajamos con un prestigioso agente financiero para comprar esos CRE y exigimos que todos fueran certificados y validados", acentúa, por su parte, Cabot en un comunicado oficial. "Vamos a seguir cumpliendo las normas", insiste Dow.
"Las empresas buscan la forma más barata de cumplir las normas. Los actores del mercado son libres de tener sus consideraciones éticas sobre cómo actuar ante el cambio climático, pero el sistema se rige por la economía", detalla Richard Chatterton, analista de Bloomberg New Energy Finance.
El año pasado los reguladores europeos decidieron prohibir los CRE, pero la medida no entrará en vigor hasta 2013. Según Loser, la mejor manera de manejar el tema son impuestos al carbono emitido. Al mismo tiempo, insiste en que las empresas compradoras de los certificados de un origen dudoso deben ser castigadas debidamente.
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