Un extenso informe bipartidista evaluó un multimillonario
programa creado tras los ataques del 11-S.
EE.UU. habría gastado cerca de
1.400 millones de dólares en centros de "control de terroristas", que
terminaron vigilando a sus propios ciudadanos, según concluye un informe
realizado por el Senado de ese país.
El documento, elaborado por
miembros de los partidos Demócrata y Republicano, señala que el programa fue
inicialmente puesto en marcha para recabar información en materia terrorista
tras los ataques del 11-S.
Así, se crearon los llamados
'centros fusionados de información': espacios con equipos tecnológicos costosos
donde comenzaron a trabajar funcionarios
locales, estatales y federales que recogieron datos que
supuestamente ayudarían en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, violaron las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses,
empezando por su privacidad.
Prueba de ello es que un subcomité de Seguridad Nacional del Senado revisó más de 600 informes no clasificados que se encontraban en dichas instalaciones y llegó a la conclusión de que la mayoría no tenían nada que ver con el terrorismo, mientras que aquellas investigaciones que sí se centraban en materia terrorista en ocasiones se llevaron a cabo infringiendo las libertades civiles de los sospechosos.
Asimismo, los centros difundieron información sobre simpatizantes del político Ron Paul, activistas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), participantes de ambos lados del debate sobre el aborto o personas que acudieron a manifestaciones contra la guerra.
Prueba de ello es que un subcomité de Seguridad Nacional del Senado revisó más de 600 informes no clasificados que se encontraban en dichas instalaciones y llegó a la conclusión de que la mayoría no tenían nada que ver con el terrorismo, mientras que aquellas investigaciones que sí se centraban en materia terrorista en ocasiones se llevaron a cabo infringiendo las libertades civiles de los sospechosos.
Asimismo, los centros difundieron información sobre simpatizantes del político Ron Paul, activistas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), participantes de ambos lados del debate sobre el aborto o personas que acudieron a manifestaciones contra la guerra.
Según dijo el director del diario
La Nación Cubana, Pedro González Munné, el FBI y otras
instituciones gastaron millones de dólares de los contribuyentes en dicho
programa.
Asimismo, el analista subrayó que
el hecho de que el presidente Bush y diversas instituciones como el
propio Congreso o el
Senado "les dieran carta blanca a las organizaciones de inteligencia para
vigilar a los ciudadanos norteamericanos”, pasará a la historia como “una de
las páginas de ignominia más grandes de Estados Unidos”.
González Munné lamentó que el
destino de esta nación es convertirse en un país en el que “se prioriza el
control del ciudadano por encima de las libertades individuales de las
personas”.
“Gastan miles y miles de dólares
haciendo expedientes y espionaje
de personas que sencillamente están ejerciendo su derecho como
ciudadanos norteamericanos amparados por la Constitución, que hoy en día se ha
convertido nada más que en un papel en un museo”, concluyó.
A pesar de no haber logrado
obtener información valiosa sobre terroristas, algunos medios consideran que es
improbable que el Congreso suspenda este programa, dado que aporta una cantidad
significativa de dinero a los gobiernos regionales y estatales, parte del cual
se emplea en combatir la delincuencia local.
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