La Amazonía de Perú, que ocupa más de la mitad del territorio nacional,
ha comenzado a despertar el interés de empresas trasnacionales. Estas
grandes compañías adquieren Bonos de Carbono correspondientes a enormes
extensiones de tierras. Sin embargo, algunas comunidades indígenas
denuncian que han sido engañadas.
Diferentes empresas británicas han llegado hasta allí para adquirir los
derechos sobre sus bosques o Bonos de Carbono, que son un mecanismo
para reducir la emisión de CO2. Con la iniciativa, esperan obtener los
créditos que podrían otorgarse por haber reducido las emisiones
excesivas causadas por la deforestación desmedida. Pero muchos denuncian posibles violaciones a los derechos de los pueblos originarios durante este proceso.
"Ya hemos tenido estos primeros intentos de actos de mala fe, donde
algunas personas extranjeras están viniendo a querer hacer un convenio
y, es más, un convenio en inglés, en un idioma que no es de los pueblos
originarios, y sin la debida lectura ni comprensión, quieren firmar
contratos para este negocio de carbono por 40 años", manifiesta Alberto
Pizango, presidente de Aidesep, organización que reúne a diferentes
organizaciones sociales de la Amazonía peruana.
Se abrió el camino para esta negociación después de una reunión que hubo en la ONU, donde se creó un programa llamado REDD
(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) el cual tenía,
en principio, la intención de pagarle a los países pobres, o en
desarrollo, que demostraran haber disminuido la contaminación de la
atmósfera y de esta manera evitar consecuentemente la tala desmedida de
sus bosques.
El problema surgió cuando se redactó un informe donde se decía que las naciones subdesarrolladas no podrían comprobar la reducción de carbono
por falta de tecnología. Por lo tanto, los que sí cuentan con esas
herramientas quieren adquirir las concesiones de esas tierras.
"Lamentablemente el estado peruano es un estado muy debilitado y no le
permite tener una posición de fuerza frente a las grandes empresas,
entonces ahí está el problema; por eso es que se producen también los
conflictos", señala Juan Vaccari, director ejecutivo del Instituto de
Desarrollo y Medio Ambiente peruano.
En primera instancia, las compañías están obligadas a presentar un plan
de manejo donde diga cuánto carbono van a capturar en una cantidad de
espacio determinado que puede ser de hasta 40 mil hectáreas.
Teóricamente, los nativos recibirían una compensación económica por
dejar que otros "cuiden" sus tierras, pero muchos están seguros de que
ese pago será insignificante. Además, una vez que las empresas se
instalen en esos bosques, van a poder generar otros réditos económicos
para sus arcas pudiendo explotar de diferentes maneras el espacio
cedido.
"Las empresas tienen luego una serie de beneficios, concesiones que van
desde 15, 20, 25 años y van manejando, de esta manera, el bosque porque
ya el REDD te permite incluso explotar "racionalmente" el bosque, les
permite explotar madera
también, entonces ahí hay un juego de algunos cientos de miles y
millones de dólares para las grandes empresas", explicó Vaccari.
Este programa incluye finalmente la obligación para los concesionarios
de reforestar la zona, pero en caso que no se cumpla quienes van a pagar
las consecuencias serían los que consideran a esas tierras como su
casa.
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