El Standard Chartered habría realizado operaciones con
entidades iraníes por unos 250.000 millones de dólares.
Un escándalo financiero podría
privar a uno de los principales bancos británicos de operar en EE.UU., por
haber escondido supuestamente transacciones ilegales con entidades iraníes,
valoradas en más de 250.000 millones de dólares.
Según el Departamento de
Servicios Financieros del estado de Nueva York, el Standard Chartered Bank
(SCB) “conspiró durante casi diez años con el Gobierno de Irán y
escondió a las autoridades reguladoras cerca de 60.000 transacciones secretas,
que suponían al menos 250.000 millones de dólares, y que le surtieron unos
beneficios de cientos de millones de dólares en comisiones”.
En un informe el Departamento
acusa a uno de los mayores bancos de Reino Unido de haber violado las leyes de
EE.UU., que restringen las transacciones con entidades iraníes debido al
peligro de estar apoyando al programa nuclear de ese
país.
Con el objetivo de “ganar cientos
de millones de dólares casi a cualquier coste”, el regulador imputa también a
Standard Chartered por falsificación de informes financieros y obstrucción a la
administración gubernamental, entre otras cuestiones. Por lo que ha amenazado
con revocarle su licencia para operar en ese país.
Además el informe asegura que el
SCB “dejó al sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, comerciantes de armas,
redes de droga y regímenes corruptos”.
En tanto los dirigentes del
Standard Chartered niegan categóricamente todas las acusaciones, y señalaron
que el informe no presenta “una imagen completa y precisa”.
Asimismo agregaron
que “el 99,9% de las operaciones relativas a Irán” cumplían con las
regulaciones establecidas.
A raíz de estas acusaciones las acciones del banco británico han caído hasta un 17% en los mercados.
A raíz de estas acusaciones las acciones del banco británico han caído hasta un 17% en los mercados.
Por su parte, las autoridades
estadounidenses sospechan que patrones similares de lavado de dinero
también fueron utilizados por dicha entidad financiera para sus clientes de
Birmania, Libia y Sudán.
En 2011 el Gobierno de EE.UU.
aumentó la presión sobre el sistema bancario de Irán, al identificarlo como
“jurisdicción de preocupación prioritaria por lavado de dinero”, incluido su
Banco Central, las entidades privadas y sus subsidiarias que operan fuera del
país.
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