El gobierno de Obama ha amenazado con vetar un proyecto diseñado para
defender las industrias críticas de Estados Unidos y las redes
corporativas de los ataques cibernéticos por parte de gobiernos
extranjeros, delincuentes cibernéticos y grupos terroristas, esgrimiendo
que la medida no protege las libertades civiles.
"La ciberseguridad y la privacidad no son mutuamente excluyentes", dijo
la administración en un comunicado comentando Ley de Intercambio y
Protección de Información de Inteligencia Cibernética o CISPA.
El gobierno se quejó de que el proyecto de la Cámara, que cuenta con
apoyo bipartidista, permitiría el intercambio de información sin
restricciones, lo que vulneraría los derechos individuales.
La declaración reza que si el proyecto de ley fuera presentado al
presidente en su forma actual, sus principales asesores recomendarían un
veto. "La legislación debe abordar las vulnerabilidades básicas de
infraestructura, sin sacrificar los valores fundamentales de privacidad y
las libertades civiles de nuestros ciudadanos, especialmente en un
momento cuando nuestra nación se enfrenta a retos para nuestra seguridad
económica y el bienestar nacional", escribe la Casa Blanca.
La Cámara de Representantes de EE.UU. tiene previsto comenzar a
trabajar en el proyecto de ley este jueves, con una votación final
programada para el viernes.
Pese a que el país aboga por la protección necesaria de los ciudadanos
ante el Congreso, eso no significa que la ley no vaya a ser aprobada. El
año pasado la Casa Blanca anunció que recomendaría que el presidente
Obama vetara la Ley de Autorización de Defensa Nacional del Año Fiscal
2012 (NDAA). La Ley se autorizó el 31 de diciembre.
Actualmente el sonado proyecto de ley CISPA goza de un fuerte apoyo
entre un centenar de congresistas y al menos 28 empresas como Microsoft,
Verizon, AT & T, Facebook e Intel. Curiosamente, muchas de estas
empresas a principios de este año condenaron el desarrollo del proyecto SOPA
(Stop Online Piracy Act), o ley para detener la piratería en Internet.
Según este proyecto, terceras partes podrán bloquear los sitios web
sospechosos de la publicación de contenido sin licencia sin necesidad de
una sentencia judicial.
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