La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 23 de abril
celebro su 45º período de sesiones extraordinarias, va a examinar "una
de las más grandes masacres de América Latina", como definen los
defensores de derechos humanos a la carnicería del Mozote durante la Guerra Civil de El Salvador.
El 10 de diciembre de 1981 el ejército salvadoreño llegó al alejado
cantón de El Mozote, compuesto por unas 25 casas, en el marco de su
‘Operación Rescate’ contra la güerilla paramilitar del FMLN (Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional). A su llegada, los soldados
interrogaron a los lugareños. Durante la noche mantuvieron a la
población civil encerrada en sus casas, y a la mañana siguiente
reanudaron los interrogatorios. Aquel mismo 11 de diciembre los
autóctonos fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente. Primero
fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y,
finalmente, los niños.
Entre el 11 y el 13 de diciembre en la zona del Mozote, los cantones La
Joya y Cerro Pando y los caseríos La Ranchería, Los Toriles y Jocote
Amarillo incluidos, fallecieron más de 900 campesinos salvadoreños. La
cifra aumenta si se tienen en cuenta las víctimas no identificadas.
Las primeras noticias sobre la masacre del Mozote afloraron un mes y
medio después en ‘The New York Times’ y ‘Washington Post’. Ambos
reportajes, que recogían el testimonio de algunos supervivientes de la
tragedia, hablaban de una gran matanza de civiles indefensos a manos de
las Fuerzas Armadas del país. El conservador ‘Wall Street Journal’, al
igual que las autoridades estadounidenses, pusieron en duda la veracidad
de la información. Por su parte, el gobierno salvadoreño negó todas las
acusaciones aduciendo que se trataba de un intento de perjudicar la
imagen del país llevado a cabo por periodistas de tendencia comunista.
El gobierno continuó negando la masacre hasta 1992, cuando el Equipo
Argentino de Antropología Forense, un grupo de antropólogos
experimentados por su labor en la exhumación de víctimas de la dictadura militar argentina
(1976-1983), desenterraron en la zona numerosas osamentas. Tras
analizar rigurosamente los orificios de bala, las fracturas que
mostraban los huesos y la posición en que habían quedado los cuerpos,
confirmaron que se hallaban ante los restos de una masacre.
En aquel entonces, el Gobierno de El Salvador cambió la postura: dejó
de negar la matanza, pero constató la desaparición de los archivos
militares de la época, lo que hacía imposible identificar a los
responsables de la carnicería. También argumentó que, aunque se lograra
determinar su identidad, los autores habrían estado amparados por la Ley
de amnistía que otorga la extinción de la responsabilidad penal sobre
crímenes de guerra, y, por lo tanto, no estarían sujetos a juicio.
La situación cambió recientemente, cuando el presidente actual del
país, Mauricio Funes Cartagena, pidió perdón a los familiares de las
víctimas a mediados de enero de 2012. Mencionó como responsables de la
matanza al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, al lugarteniente
José Azmitia y al teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres.
"El Ejército sometió a muchas de las víctimas a tortura y violaciones
sexuales. Aproximadamente la mitad de las víctimas eran niños y niñas
(...) Cientos de víctimas sobrevivientes tuvieron que desplazarse de
manera forzada y desde entonces no han regresado a su comunidad", señala
el texto de la demanda que será examinada en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos esta semana.
El documento reclama determinar quiénes fueron los responsables de la
masacre y aplicarles las sanciones correspondientes. Solicita también
que se mejoren las condiciones de vida en las zonas afectadas, que
permanecen abandonadas desde hace 30 años. Según detalla la abogada
Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional,
en el marco de las audiencias serán presentados tres testimonios de
supervivientes de las matanzas.
La guerra civil de El Salvador, que se prolongó entre los años 1979 y
1992, costó vida a unas 75.000 personas, desapariciones incluidas. Se
estima que hasta un 80% de las víctimas de los crímenes de guerra fueron
civiles. El conflicto armado concluyó en enero de 1992, con la firma de
un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las fuerzas
guerrilleras y su legalización como parte del sistema político del país.
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